Morir dignamente forma parte del derecho que tenemos todos a vivir con dignidad. Esta perogrullada no lo es tanto en un país donde hablar de un tema así ha sido anatema. Sin embargo, esos complejos mentales asumidos por siglos de represión moral mal entendida, empiezan a ser historia, al menos en Andalucía.

En esta comunidad autónoma, el proceso de reconocimiento de derechos sigue imparable su camino y desde ayer, nadie en la sanidad pública o privada puede negar a un ciudadano su derecho a morir dignamente, esto es, su derecho a evitar el escarnecimiento terapéutico, a morir en casa auxiliado por una unidad de cuidados paliativos, a que se reconozca su voluntad de no vivir de una manera prolongada y artificial aferrado a una máquina.

Andalucía ha sido la primera región que en España ha abierto un camino que desearía fuese seguido por todas las demás. Reconocer el derecho a morir con dignidad, reconocer el testamento vital es un avance en los derechos sociales de los andaluces que tiene un carácter histórico. Al igual que ofrecer cobertura jurídica a las prácticas médicas que los profesionales sanitarios pueden y deben ya llevar a cabo con los enfermos en situación terminal.

Una última reflexión que añade más valor a la norma pionera en España que vio la luz ayer en Andalucía: fue aprobada por unanimidad. Las tres formaciones políticas con representación en el Parlamento estuvieron de acuerdo en que esa Ley es un avance para los andaluces. Cada uno con sus matices, lógico, pero a una en este tema. Un mérito del PP andaluz que no sé si en Madrid, tan esclava la gaviota de las fuerzas más conservadoras de este país, podrían repetir o asumir con la misma entereza.